El Parlamento andaluz reprobará a los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz por los ERE

Cuando aún no se ha repuesto del mazazo de la sentencia de los ERE y la condena a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el PSOE andaluz ha recibido un nuevo golpe en forma de reprobación formal del Parlamento autonómico a los gobiernos que encabezaron los dirigentes condenados por "idear un sistema ilegal de concesión de dinero público".La herida socialista surge además porque la proposición no de ley, impulsada por Adelante Andalucía y que ha contado con los votos de PP, Cs y Vox, alcanza también a la expresidenta Susana Díaz, a quien censuran que bajo su mandato la Junta se desmarcara como acusación particular de la pieza política juzgada y "dificultara la recuperación del dinero" de las ayudas, haciendo "dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".La proposición no de ley se debatirá en febrero, una vez la Cámara retome la actividad tras las vacaciones de Navidad, lo que en la práctica echa por tierra la tesis del PSOE andaluz de que la repercusión por la sentencia de los ERE perdería fuelle al cabo de unas semanas. En cambio, alarga la agonía poniendo el caso de corrupción de nuevo en primera línea, convirtiéndose de paso en un nuevo obstáculo en la carrera de fondo emprendida por Díaz para aspirar de nuevo a la presidencia de la Junta. Y llega justo en el mejor momento de la relación entre Podemos, matriz de Adelante Andalucía, y el PSOE, con un acuerdo de gobierno ya cerrado para avanzar en la investidura de Pedro Sánchez.La formación de Teresa Rodríguez, muy crítica con ese acuerdo, presentó su propuesta de reprobación a finales de noviembre, nada más conocerse la sentencia, al entender que el duro fallo que condenaba a 19 exaltos cargos socialistas por prevaricación y malversación era toda "una enmienda a la totalidad" de los gobiernos socialistas y sus prácticas "fraudulentas" que durante una década contribuyeron a la desindustrialización de varias comarcas andaluzas. "En términos políticos, que no jurídicos, qué duda cabe que hay una reprobación de lo que hicieron aquellos gobiernos", explicaron entonces por boca del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, "eso ha quedado evidenciado en la sentencia de los ERE, en los debates parlamentarios y en el propio sentido común de la ciudadanía. Por lo tanto, la reprobación como censura política de aquellas prácticas fraudulentas de esos gobiernos es incuestionable".La Mesa del Parlamento ha aprobado este miércoles la propuesta con el voto de rechazo del PSOE y pese a contar con un informe en contra de los letrados de la Cámara, que hace unos días, y a preguntas de este mismo órgano, concluyeron que no se puede reprobar de forma genérica a un ejecutivo, que sería como reprobarse a sí mismo, sino que la condena política debe sustanciarse en personas específicas. Fuentes de la confluencia de izquierdas han explicado que el informe de los letrados, no obstante, no es vinculante y que, en cualquier caso, las decisiones que adopta la Mesa del Parlamento tienen carácter político, no jurídico. Así, el documento finalmente ha pasado el trámite, al contar con el apoyo de la mayoría de la Mesa.PSOE: equiparable a CataluñaEl PSOE andaluz ya anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta decisión de la Mesa contraria al informe de los letrados. El portavoz parlamentario socialista José Fiscal aseguró que se trata de una situación de "extrema gravedad", dado que esos informes jurídicos "marcan la legalidad de las decisiones" y han concluido "con toda claridad que no procede la toma en consideración de esta iniciativa". Fiscal incluso comparó lo ocurrido con la situación vivida en Cataluña el 1 de octubre, apuntando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, "se han equiparado" con sus homólogos catalanes, Carles Puigdemont y Carme Forcadell respectivamente, que "están como están por saltarse los informes de los letrados del Parlamento".