Falsa intervención de Andalucía
El incumplimiento del déficit y de la regla de gasto impiden a la Junta poder financiarse en los mercados El gobierno regional de PP y Cs con apoyo de Vox pide la comparecencia de la ministra de Hacienda
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una comparecencia en el Senado.-DAVID CASTRO
La decisión de Hacienda de frenar la salida a los mercados financieros de Andalucía por el incumplimiento en el 2018 de los objetivos de estabilidad presupuestaria ha desatado una polémica desbocada entre la Junta y el Departamento de la ministra María Jesús Montero, que fue consejera andaluza de Hacienda hasta junio del año pasado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP)) pidió al presidentel del Gobierno, Pedro Sánchez, una rectificación en la decisión de intervenir a Andalucía.El líder del PP, Pablo Casado, anunció la petición de comparecencia de Montero en el Congreso.La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó de demencial y sectario que el Gobierno ataque a la Junta. Y Vox denunció que Sánchez, ha decidido aplicar el artículo 155 en Andalucía como vendetta.El Ministerio de Hacienda no ha intervenido la Junta de Andalucía, acabó afirmando el Departamento de Montero en un comunicado en el que desmiente haber solicitado nuevos recortes a la comunidad al margen del Plan Económico-Financiero (PEF) que el propio Gobierno regional ya entregó en julio. Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, según Hacienda.Los datos definitivos del 2018, conocidos en octubre, muestran que el déficit andaluz se situó en el 0,5%, una décima por encima del objetivo. El gasto creció el 5,8%, el doble de lo permitido por la regla de gasto (2,7%). Según la ley, estas dos circunstancias impiden que una comunidad pueda buscar su financiación de forma autónoma en los mercados de capitales. Andalucía tendrá que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que, si por una parte proporciona dinero a tipo cero, por otra conlleva una mayor vigilancia presupuestaria de la Junta, la misma que aun sucede en Catalunya, Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja y Cantabria y la que soportaron todas las comunidades -salvo Madrid- en algún momento entre 2012 y 2018.