Ciudadanos niega datos al juez que investiga sus primarias en Murcia alegando que los tiene una empresa

Lazarus Technology, una pequeña firma informática de la periferia de Madrid, guarda los datos sobre la emisión de voto telemático en las primarias de Ciudadanos en Murcia que están bajo investigación judicial.Ciudadanos ha dado el nombre de esa empresa al titular del Juzgado de Instrucción 5 de Murcia, Ignacio Munitiz, que instruye un caso de supuesto fraude electoral.Un escrito remitido por Ciudadanos niega al juez un listado de IPs (Identificadores informáticos) ligadas a votos emitidos en las primarias murcianas, alegando "la imposibilidad de poder aportarlo", y responde que el listado lo tiene Lazarus.Pese a ser su cliente, Ciudadanos no le pide a su suministrador el listado, sino que le sugiere al juez que se lo pida él "ante la imposibilidad de conseguirlo por teste partido". La respuesta de la formación naranja no detalla por qué no puede pedirle esos datos a la empresa que ahora desvela que contrató.Respuesta lentaEl magistrado que instruye el caso preguntó en octubre pasado y a requerimiento del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que pedía un "listado completo de las IPs, asociadas cada uno de los votos efectuados en las últimas primarias de la Región de Murcia, y en dónde se debe hacer constar fecha y hora exacta del momento en el cual se efectuó la votación", según el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.Por segunda vez en esta investigación, la Policía se queda sin esos datos. En otros casos de investigación de supuestos pucherazos en las primarias, el partido sí ha reconocido disponer de los datos.En Castilla y León, en pleno escándalo de las sospechas sobre fraude en la victoria de la candidata oficialista Silvia Clemente fichada directamente por el entonces presidente Albert Rivera- el partido hizo públicos en menos de un día que 30 de los votos fraudulentos provenían de una IP y otros 52 de otra. El 11 de marzo de 2019, Ciudadanos anuló el resultado de las primarias castellanas y proclamó vencedor a Francisco Igea.En Madrid, y a requerimiento de Juan Carlos Crespo candidato vencido en las primarias por el actual vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado-, el presidente de la comisión de Garantías y Valores, Jesús Galiano, puso a disposición del reclamante los datos de IPs y votos emitidos.Era marzo de 2019. En aquellas fechas, durante el revuelo generado por el pucherazo en las primaras de Castilla y León, Ignacio Aguado declaró en el programa Los Desayunos de TVE que su partido dispone de información sobre qué afiliados votan qué: "Los votos tienen un tracking, y sabemos de dónde salen, cuándo salen, qué persona lo ha emitido, desde qué IP ha salido somos un partido absolutamente transparente".La pyme guarda silencioLazarus Technology es una firma de pequeño tamaño, administrada por el experto informático Manuel Huerta. Tiene sede en un edificio de oficinas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), un capital de 113.000 euros y 13 empleados dedicados al borrado y la recuperación de datos informáticos. Su cifra media de negocio es de un millón de euros anuales. En 2018 (último dato que ha publicado) obtuvo unos beneficios de 61.587 euros.Los intentos de este diario por recabar una versión de Huerta han sido de momento infructuosos. A través de una secretaria, el empresario se ha excusado asegurando que "no hará declaraciones porque es un asunto bajo investigación judicial".Ciudadanos cita a Lazarus pese a que el partido, en la reciente investigación por fraude en las primarias de Castilla y León, alegó que ya no utiliza servicios externos en sus primarias. En 2018, Ciudadanos había roto su contrato con otra firma, Monomo Media, y declaró a diversos medios que todo el sistema de votación se controlaba desde el partido, sin empresas.La líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, es hoy vicepresidenta autonómica en virtud de un pacto con el PP y con apoyo de Vox. Leonardo Pérez, su rival en las primarias cuyos datos guarda Lazarus, fue derrotado por 599 votos contra 237 según el escrutinio oficial. Pérez llevó a la policía posibles irregularidades y manipulación en la votación telemática.