Otras reglas

DURANTE esta semana se ha estado hablando y escribiendo mucho sobre el caso de una militar, Zaida Cantera, que acabará dejando el Ejército después de haber sufrido el acoso sexual y laboral de un superior con la complicidad, e incluso el apoyo, de su entorno. La víctima abandona y el condenado volverá a su trabajo después de cumplir la condena y, por la graduación que tiene, con la posibilidad de mandar un regimiento. El mundo al revés.

Por otra parte, un guardia civil llamado Sergio está cumpliendo ahora una pena de cuatro meses de cárcel, en una prisión militar, por mantener una riña con un superior ¡en el año 2006! Así es, hace casi ocho años, y todo porque a lo mejor le mandó a la mierda o le insultó. Y, bueno, era su superior, cierto. Y a lo mejor sí merecía haberse pasado unos días en su casa, pero de ahí a entrar en la cárcel hay una diferencia.

En el caso de la militar acosada, la sonrojante intervención del ministro del ramo en el Congreso no contribuyó precisamente a aportar algo de cordura y de sentido común, por mucho que haya matizado y rematizado en posteriores declaraciones en medios de comunicación. Era simple, solo se le pedía comprensión sabiendo, como bien sabía, que la víctima le estaba escuchando en la tribuna de invitados. Lo que sucede es que el ministro tomó la parte por el todo y pensó que porque se hable sobre un mando militar condenando por acoso sexual y laboral se está dando a entender que es una norma habitual en el Ejército, algo totalmente falso. Algo tan simple que da pereza explicar, pero que tristemente se lee y se escucha cuando aparece un caso de un cura pederasta.

Ambos casos, el de Zaida y el de Sergio, sí que ponen de manifiesto que ambos no han contado con las mismas reglas del juego que el resto de trabajadores españoles. Hay quien dice que los dos sabían dónde se metían, que tanto el Ejército como la Guardia Civil son dos instituciones con un claro carácter jerarquizado. Las asociaciones de guardias civiles llevan años luchando por que se desmilitarice la Guardia Civil y agrupaciones de militares también llevan años reclamando la reforma de un código penal militar que, aunque hayan anunciado que se cambiará, no incluye el delito de acoso sexual. Unas instituciones marcadamente jerarquizadas no deben estar reñidas con garantizar derechos fundamentales.