El Correo de Burgos

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NO PARECE que los partidos políticos se vayan a poner de acuerdo en establecer un criterio único sobre qué hacer cuando hay una persona de sus respectivas formaciones políticas que está imputada en un procedimiento judicial. Sería bueno, incluso obligado, que todos firmaran un pacto en el que dejaran constancia de qué pasos se deben seguir, qué se debe hacer cuando hay un político imputado.

Por supuesto, y esto es lo más sorprendente de todo, no es igual el imputado del partido rival que el del propio partido. Con ese pacto, estas diferencias para establecer la gravedad de una imputación se eliminarían, pues habría un criterio unitario. Así podrían responder a preguntas que han surgido estos días sobre si una concejal, pongamos que hablo de Madrid, debe dejar o no su cargo por una imputación anterior al desempeño de su responsabilidad. O qué se hace, como también ha sucedido estos días, cuando los tribunales han absuelto a un político acusado de un supuesto chantaje, en este caso vinculado a Caja Navarra, que dimitió cuando comenzó el caso.

Es prácticamente imposible que ese hipotético pacto se pudiera firmar porque las imputaciones de los integrantes de un partido son, en realidad, las oportunidades de sus contrarios, pese a que ese debería ser uno de los principales objetivos de un partido político, cuidar y vigilar hasta el extremo la honestidad de quienes lo forman, no solamente la del resto de partidos.

No obstante, y en esto sí que pueden y deben ponerse de acuerdo los partidos, sería necesario que hubiera un pacto de mínimos que permitiera, y obligara a la vez, llevar a cabo medidas cautelares dentro de los partidos cuando aparecieran imputaciones. Porque igual de justo es que se aparte a un político cuando se le va a sentar en el banquillo de los acusados, igual de injusto es cuando su caso se sobresee o se le absuelve de todos los cargos y se actúa como si no hubiera pasado nada.

No sé si tendrá futuro ese cambio propuesto de llamar investigado al imputado, pero no parece que sea un término muy riguroso con la situación procesal de quien tiene que acudir ante el juez, con la asistencia de un abogado, para responder sobre una serie hechos, posiblemente delictivos, que se le achacan. Precisamente es fruto de esa investigación judicial y policial la que le ha llevado a esa situación.

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