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LA CUESTIÓN de las dietas, o indemnizaciones sustitutorias, que cobran los concejales del Ayuntamiento no parece que genere ya tanta controversia después de que el ahora concejal no adscrito Fernando Gómez tuviera que abandonar su responsabilidad al frente del Instituto Municipal de Cultura. Y lo cierto es que la sentencia del JuzgadoContencioso Administrativo 2 de Burgos lo que deja en evidencia es que el sistema de indemnizaciones de los ediles es nulo. Desde el año 2002. Gómez ha registrado esta semana una solicitud para que se eleve una proposición al Pleno que pida la apertura de una comisión de investigación sobre este modelo de pago de los viajes que realizan los concejales. Lo que deja en evidencia esta situación es que el modelo de pago de los viajes que realizan los concejales en representación del Ayuntamiento es bastante deficiente, con muchas lagunas que se solventarían con facturas y justificantes de gasto.Más cuando, prácticamente todo se paga con tarjeta. Cubrir los gastos, vamos. Las dietas también han sido, y lo siguen siendo, objeto de debate, en este caso por las que cobran funcionarios de alto rango como el secretario y el interventor. Especialmente las que reciben por su participación en las reuniones de Aguas y de la Sociedad de Promoción como asesores jurídicos. En concreto, 632,87 euros brutos al mes, haya o no haya reunión. No es culpa de ellos sino de los responsables políticos que acordaron, en algún momento, que esas debían ser las retribuciones. Lo que parece claro es que se trata de una cantidad desmesurada para una labor que, en muchas ocasiones, se realiza dentro de su horario de trabajo, por lo que no debería tener un pago adicional, o al menos no tan elevado. Este caso y el de las indemnizaciones de los concejales dejan patente la necesidad de revisar cómo se gasta el dinero de los burgaleses.Cuestión que necesita un análisis en el que participen todos los grupos políticos porque contribuiría a que se ajustaran gastos.