Difíciles decisiones
CUANDO el Estado se ve impelido a exigir el cumplimiento de la Ley y éste no se realiza de manera voluntaria se ve obligado a utilizar medidas coercitivas para exigirlo. El resultado voluntarioso nada tiene que ver con un resultado forzoso, por lo que el éxito final solo puede plantearse en una consecuencia de futuro. ¿Qué va a pasar ahora?
Durante muchos años, los políticos catalanes basándose en premisas erróneas, han asegurado que Cataluña ha sido siempre una nación, que históricamente siempre ha existido, que España roba a Cataluña o que Santa Teresita del Niño Jesús era catalana. Planteamiento y afirmaciones asumibles, que en su debido momento han recibido debida contestación.
En el hemiciclo los políticos, avispados, pero poco fieles a la cierta realidad histórica, han ladeado la legislación vigente y con un planteamiento nada democrático han puesto en marcha este procedimiento con el nombre propio de ‘proces’. Así, basándose en promesas de un futuro soberanista, han exaltado a esa parte de la sociedad catalana hasta un punto de inflexión de difícil retorno. La Generalidad con todo en contra, ha forzado una situación de pre independencia y posteriormente de independencia que ha sido bien admitida por personas que, fieles a ideas preconcebidas, las han defendido en la calle, en los colegios, en las Universidades..., pensando que la Ley y la Justicia podrían pasar por el arco del triunfo.
Era de suponer que, a sensu contrario, el Estado se vería obligado a actuar poniendo los medios constitucionales al alcance y al servicio de aquellos que, constreñidos por falsas mayorías electorales, se habían visto obligados a acatar unos resultados que en nada les afectaban.
Lamentablemente, España es el gran referente del aforismo «se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena» por lo que, dado que hasta este momento a ninguno de los gobiernos anteriores se le había ocurrido pensar que una situación como ésta siquiera se pudiese plantear, habían dejado sin desarrollar el artículo 155 de la Constitución.
A Rajoy y su gobierno le ha correspondido el dudoso honor de poner este instrumento constitucional al servicio de los españoles, y aun cuando no se puede decir de él que sea un lanzado o se deje llevar por sus instintos más primarios, ha puesto en marcha lo que a entender de su gobierno deben ser las medidas a tomar para defender al país de este ataque contra la Constitución. Imposible saber cuál será su recorrido o cuáles sus resultados, pero grandes firmas de la política nacional ya han prestado su apoyo asumiendo el gasto electoral y no electoral que lleve consigo tal ejercicio. Incluyendo, lógicamente, el ejercicio de todas aquellas acciones necesarias si el obligado se negase a su cumplimiento.