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RESULTA descorazonador leer y escuchar en los últimos años el lamento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, José Luis Concepción, respecto a la nula atención que presta el Ministerio de Justicia a las peticiones de refuerzos que ya califica de «inaplazables». Aunque, si se echa un vistazo a otras intervenciones del presidente del Alto Tribunal de Castilla yLeón, esas reclamaciones ya eran urgentes en años anteriores. Con el agravante de que no se han aportado refuerzos. Y aún peor, los que se incluyen no son necesarios. No los quería nadie, en realidad. Es el caso, en Burgos, del octavo juzgado de Primera Instancia.A quién consultó el Ministerio de Justicia para decidir poner en marcha ese octavo juzgado de Primera Instancia si ninguno de los operadores jurídicos, desde abogados, pasando por procuradores y llegando a los jueces, veía necesario.Por qué no atiende la reiterada petición de Aranda y Miranda tengan un juzgado más cada una. Es la misma pregunta que se podría hacer cuando se han puesto en marcha proyectos como la Oficina Judicial que no contaron con la necesaria consulta a quienes están ahí a diario. Empezando por los funcionarios y terminando por los jueces y fiscales. De hecho, este último colectivo hasta salido a concentrarse frente a los juzgados para reclamar mejoras que también consideran inaplazables. Como la que llevan realizando desde hace más de dos meses en Galicia y que aquí ya se llevó a cabo hace unos años con los resultados ya conocidos. El presidente del Alto Tribunal asegura que hay que apostar por el diálogo antes que llegar a otras medidas como la huelga. Eso lo dice por los jueces y fiscales porque sabe también que es un colectivo que nunca ha llegado a ese extremo y no lo va a hacer. Pero en el caso de los funcionarios, que reclaman el mismo sueldo que sus compañeros de comunidades como el País Vasco, la amenaza de la huelga está ahí. Y lo que pase en Galicia finalmente, tendrá influencia en Burgos.