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LA SEMANA empezaba con el presidente de los empresarios de Castilla y León, Santiago Aparicio, diciendo que «lo del Parque Tecnológico es demencial», haciendo alusión al incomprensible y sonrojante retraso que acumula un proyecto que debería llevar mucho tiempo en pie en la que pasa por ser la provincia de la Comunidad con el músculo industrial más potente. Un músculo que, también según el aviso de Aparicio, se puede atrofiar si finalmente no sale adelante este parque. A su vez pedía que se eliminaran impuestos para evitar la fuga de empresas a otras comunidades, especialmente a Madrid, y que las inspecciones se centraran en luchar contra la economía sumergida. Es en este punto en el que a uno le gustaría que hubiera un batallón de inspectores e inspectoras buscando esos negocios fraudulentos, esas empresas que contratan de forma ilegal para que aflorara un dinero que no está contribuyendo a pagar servicios que nos benefician a todos. Una pelea en la que los sindicatos y patronal deben ir más de la mano. Los políticos avariciosos que desvían dinero de todos para su enriquecimiento personal hacen mucho daño. Y los ciudadanos de a pie que engañan con empresas tapadas, que intentan engañar al seguro o que trabajan en otra cosa bajo cuerda cuando están de baja en la empresa mientras cobran de la seguridad social hacen también mucho daño. Es un porcentaje de dinero oculto que se acerca al 20% de la economía, un porcentaje muy elevado que no solo está lastrando la financiación de servicios, también está impidiendo un mejor mercado laboral, ya de por sí necesitado de una clara mejora de las condiciones de los trabajadores. Porque no hay sector profesional que no esté reclamando mejoras salariales, mientras los sindicatos están pidiendo que los salarios suban más de un 3% para recuperar parte de lo perdido. Algo sería, pero la impresión es que en este camino se han perdido cosas que no es fácil que se recuperen.