El Correo de Burgos

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SE PODÍA esperar que los nuevos Presupuestos Generales del Estado vendrían con un menor esfuerzo inversor en la provincia de Burgos en vista de que las obras de la línea de Alta Velocidad entre Valladolid, Venta de Baños y Burgos están prácticamente finalizadas y que su continuación hacia Vitoria son sólo rayas en un mapa a la espera de pasar del papel a la zanja, cosa que acabará ocurriendo, y a rastras, gracias sólo al interés del PNV en que se culmine. Pero cabía desear, también, que el Gobierno mantuviera la inversión en la provincia y diera un impulso definitivo a alguno de los otros proyectos de infraestructuras viarias que están muertos en vida desde hace años y más años. Ahí tenemos las autovías del Duero y del Camino de Santiago que otra vez ven pasar al Gordo, la pedrea y los reintegros sin que les caiga el maná del Estado. Así que en estos presupuestos que, según los describe el Ministerio «son una oportunidad para realizar las transformaciones económicas y sociales que permitan que el país avance», Burgos se queda peor que estaba. Como era de esperar. Por otro lado, en estas cuentas públicas, las más sociales de la historia según el Gobierno, habrá sin lugar a dudas más dinero para gasto social en esta provincia, aunque sólo sea porque habrá más parados al final de este año que en el anterior, más personas dependientes de las ayudas de instituciones como Cáritas o el Banco de Alimentos y más demandantes de la prestación mínima de inserción. El objetivo de un presupuesto debería ser la reducción del gasto social al mínimo por haber logrado que los burgaleses al igual que el resto de paisanos de Castilla y León y España se hayan enriquecido y no necesiten la beneficencia estatal para desarrollar sus vidas. El gasto social por excelencia debe ser la Sanidad, la Educación y la Dependencia, pero hoy ante la gravísima situación económica que se vive en nuestros pueblos y ciudades, las administraciones han tenido que salir al rescate de los ciudadanos. No definiría a unos presupuestos en estas condiciones como «progresistas» sino más bien como fruto de la emergencia nacional. Estas cuentas, que han de servir, además, para sacar al país de la crisis y evitar la tendencia actual de empobrecimiento de la población, afrontan ese reto apostando por «el cambio de modelo productivo de una España que será más ecologista, más cohesionada y más feminista». Pura retórica. Unas cuentas que contienen subida de impuestos no pueden ser consideradas sociales nunca porque está más que demostrado que, al final, la factura la pagamos el grueso de los contribuyentes. Pero ya que este presupuesto es el que es y que poco cambiará, lo fundamental que hay que exigir es que se cumpla, de principio a fin. Qué menos.

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