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El expolio de yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos, también especialmente en las de Soria y Segovia aunque el resto de Castilla y León no se libra, es un problema grave que ha persistido durante décadas. Los llamados ‘piteros’, que no son otra cosa que ladrones que utilizan detectores de metales para desenterrar objetos de valor histórico, representan una amenaza constante para nuestro patrimonio cultural. Aunque las fuerzas del orden, principalmente el Seprona, trabajan de forma incansable para combatir estos delitos, la magnitud del expolio y la audacia de estos delincuentes hacen que su labor sea extremadamente difícil. El daño que causan estos saqueadores va mucho más allá de la mera sustracción de objetos históricos. Cada vez que un pitero desentierra una moneda de cobre, una hebilla romana o cualquier otro tesoro de nuestro pasado, se destruye información muy valiosa sobre nuestra historia. Los contextos arqueológicos se ven alterados y se pierde la posibilidad de entender plenamente la historia y la cultura de las civilizaciones que nos precedieron. Este tipo de daño es irreparable porque una vez que la integridad de un yacimiento se ve comprometida, la información que se podría haber obtenido de él se pierde para siempre. La dificultad de atrapar a estos delincuentes es parte crucial del problema, ya que los piteros operan generalmente de noche o en áreas remotas, lo que complica la tarea de vigilancia y captura. Además, muchos de ellos están bien organizados y usan equipos sofisticados que les permiten llevar a cabo sus saqueos de manera rápida y eficiente. La recuperación de los objetos robados es, en el mejor de los casos, un parche sobre una herida que ya ha causado un daño considerable al yacimiento expoliado. La impunidad con la que operan estos criminales evidencia que las penas de cárcel no son suficientes para disuadirlos frente al lucro potencial que pueden obtener del tráfico ilegal de antigüedades. Es urgente, por tanto, que se revisen y aumenten las penas para estos delitos para enviar un mensaje claro y contundente de que el expolio de nuestro patrimonio no será tolerado y que las consecuencias para quienes lo perpetran serán severas. Además, dada la imposibilidad de mejorar la protección de los yacimientos arqueológicos en una comunidad tan rica en patrimonio como Castilla y León, la única defensa es la amenaza de la fuerza de la ley, junto con la sensibilización de la población. Porque cuanto más informada y vigilante esté la poca gente que aún vive y cuida de nuestros pueblos, más difícil será para los piteros llevar a cabo sus saqueos. Cada robo nos arrebata una parte de nuestra historia y nuestra identidad cultural y por eso es imperativo tomar medidas más duras. No se puede permitir que unos pocos individuos, motivados por la codicia, destruyan lo que nos pertenece a todos.